La reciente misión humanitaria en el Macizo Colombiano ha puesto de manifiesto una grave crisis humanitaria en los municipios de Almaguer, La Carbonera, Lerma y Bolívar, Cauca, revelando el escalamiento de conflictos armados y sus devastadoras consecuencias para la población civil. “Estamos defendiendo el derecho a lo más básico: la vida” es el clamor que resuena desde estas comunidades.
Almaguer, Cauca – La voz de las comunidades del Macizo Colombiano se alzó con fuerza durante la misión humanitaria realizada los días 23 y 24 de julio, y fue visibilizada en la rueda de prensa posterior, donde se expuso una situación que pone en riesgo la vida y la dignidad de decenas de familias. Desde sus testimonios, se denunció una realidad marcada por la violencia debido a los enfrentamientos entre el ELN con disidencias de las Farc y la respuesta militar por parte del ejército que opera en la zona, lo que ha desencadenado desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores de edad y la falta de servicios básicos. “Llamamos a la solidaridad, S.O.S por el Macizo”, fue una de las súplicas que expresaron, exigiendo atención inmediata y efectiva por parte del Estado.
La misión humanitaria constató una situación alarmante: asesinatos de líderes sociales, enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, suspensión de clases y actividades agrícolas, restricción a la movilidad, toque de queda impuesto de facto y presencia de minas en las zonas rurales. La población vive en zozobra, con una preocupación constante por la seguridad de niños y niñas, quienes deben subir a las montañas para conseguir señal telefónica y en ese intento son víctimas del conflicto armado. “Aquí estamos en medio del temor, en medio del miedo”, denuncian las comunidades.
A raíz de la crítica situación humanitaria en el Macizo Colombiano, el pasado 25 de julio se llevó a cabo una rueda de prensa convocada por la Misión de Acompañamiento Humanitario. En este espacio se expresó la solidaridad con las comunidades afectadas por la escalada de violencia derivada de los enfrentamientos armados. Junto al Ministerio del Interior, organismos garantes, entes de observación en derechos humanos y organizaciones sociales, se hizo un llamado a fortalecer la presencia institucional en los territorios, promoviendo espacios de diálogo y acuerdos que respondan a las urgencias del territorio.
Víctor Collazos, del Comité Operativo del Espacio Regional de Paz, enfatizó: “la convivencia de las comunidades del macizo está gravemente afectada y es necesario visibilizar toda la crisis humanitaria que está ocurriendo en este territorio del macizo”.
Por su parte, Ismael Rivera, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, denunció el “escalamiento de los conflictos armados en el territorio” y la falta de agua potable desde hace más de tres meses. Alertó sobre confinamientos, amenazas, y desplazamientos no reconocidos oficialmente. “La ruta humanitaria se trata de visibilización, apoyo y seguimiento a lo pactado con las comunidades”, afirmó. “Rechazamos la guerra”, fue otra de las voces que se escucharon con firmeza.
A su vez, Miguel Fernández, del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, subrayó que “la misión humanitaria tiene un sentido, un propósito, un objetivo principal, que es el de acompañar la grave crisis que está viviendo la población civil en el macizo colombiano”. Explicó que la ruta humanitaria elaborada busca una atención inmediata y a largo plazo a los conflictos históricos y estructurales que afectan la región. Además, se destacó que “hay unas acciones que son urgentes, que requieren, la protección de la vida”, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.
También encontramos una falta de reconocimiento por parte de algunas autoridades locales de la gravedad de la situación, de la realidad de los confinamientos y los desplazamientos forzados y, finalmente, pues una desatención pues a estas alertas que vienen de tiempo atrás, particularmente la desatención a la alerta temprana cero 20 del 2022 , mediante la cual, pues la defensoría del pueblo hace aproximadamente tres años pues ha dado cuenta de la de las afectaciones, sin mencionar pues las afectaciones psicosociales en contra no solo de las personas sino de los niños, niñas y adolescentes.
Cabe resaltar que, desde 2022, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Almaguer, Bolívar y Sucre, mediante la Alerta Temprana de Inminencia 020-2022. Sin embargo, la falta de atención estatal a estas advertencias ha sumido a la región en una profunda zozobra, marcada por afectaciones psicosociales que impactan gravemente a toda la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Para Yazmín Muñoz Cárdenas, de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, resulta alarmante “el acceso a la educación y la situación de indefensión de niños, niñas y adolescentes, y de las mujeres”. Por ello, las comunidades reiteran la urgencia de garantizar la seguridad alimentaria, el acompañamiento psicosocial y la protección de sus liderazgos locales. “La guerra se pierde cuando hay hambre”, advirtieron con contundencia.
La crisis también está relacionada con el rechazo a las “pretensiones mineras en el macizo colombiano”, tanto legales como ilegales, promovidas por intereses de grandes transnacionales que ponen en riesgo el agua y la biodiversidad. Una lideresa fue asesinada por oponerse a estas explotaciones. Esta situación ha desencadenado una ola de violencia contra quienes defienden el territorio. “Necesitamos una propiedad colectiva” para poder quedarnos con dignidad en nuestras tierras, afirman.
Las causas inmediatas de esta crisis se originan en la confrontación entre grupos armados ilegales y la presencia de minas antipersonales, pero las causas estructurales se centran en la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente en aspectos de reforma agraria y soluciones a las economías ilícitas. El abandono estatal ha forzado a las comunidades a la siembra de cultivos como la coca para sobrevivir: “podemos sembrar maíz o sandía, pero si no tenemos más, nos toca con la coca”.
Se evidencian también serias fallas en infraestructura, como la ausencia de acueductos en zonas como La Carbonera, y la falta de seguridad en las instituciones educativas. Muchos niños apenas estudian hasta los 12 años. “Tenemos que convivir con la guerra” es una de las duras realidades que expresa la comunidad, que reclama también condiciones dignas para quedarse en el territorio.
En este contexto, se eleva un llamado inaplazable al Estado colombiano: implementar de manera urgente y efectiva la ruta humanitaria, acelerar el cumplimiento del Decreto 660 para la atención de la emergencia, y establecer un espacio de seguimiento interinstitucional que garantice soluciones integrales, diferenciadas y con enfoque territorial. “Llamamos a la solidaridad, S.O.S por el Macizo” es una súplica que no puede seguir ignorándose.
La misión humanitaria, acompañada por organismos internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, así como el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación, resalta la necesidad de una atención integral que aborde las causas inmediatas y estructurales de la violencia y la desatención estatal en el Macizo Colombiano.
