Foto tomada de: Humanidad Vigente
El Fondo de Fortalecimiento y Protección y Autoprotección FFP, participó en la presentación del Informe de Derechos Humanos en Colombia del primer semestre de 2023, por Julieth De Rivero Alto Comisionado para Derechos Humanos, desarrollado con el fin de analizar las realidades actuales y reflexionar sobre los desafíos y progresos en materia de derechos humanos en este gobierno.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe sobre el análisis de la situación de derechos humanos en este primer semestre de 2023, por parte de Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El evento reunió a representantes de la ONU, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y por supuesto contó con la presencia del Fondo de Fortalecimiento y Protección y Autoprotección FFP.
El encuentro, presentó un documento que muestra algunos avances en materia de seguridad, pero que alerta los altos índices de violencia en algunas zonas del país.
De Rivero, en su intervención destacó la adopción de la política de seguridad humana, la cual prioriza la protección de las comunidades y del medio ambiente, con base en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, al igual que las acciones direccionadas a la construcción de paz y protección de derechos humanos de líderes y lideresas sociales. No obstante, resaltó las preocupaciones y desafíos que la Oficina percibe en el territorio y que recomienda atender con urgencia.
Colombia ha experimentado décadas de conflictos internos marcados por violencia, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. Aunque se han logrado avances significativos en la última década, el país todavía enfrenta desafíos persistentes en cuanto a derechos humanos. Según De Rivero “es urgente, reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales”.
Entre los principales hallazgos del informe, se observó un aumento del 11% en el número de masacres respecto al segundo semestre del 2022, siendo los presuntos responsables los grupos armados no estatales y organizaciones criminales, especialmente en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Por otra parte, resulta preocupante el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, ya que la Oficina asegura que se recibieron 57 alegaciones de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, de los que hasta el momento se han verificado 48 casos y 9 se encuentran en proceso de verificación. La representante del Alto Comisionado de la ONU aseguró que “la inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto, generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas”, además hizo un llamado al gobierno nacional para “incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales”.
En ese sentido se para el caso de las mujeres, se hace énfasis en la necesidad de adoptar medidas específicas para fortalecer la protección y la participación efectiva de mujeres, niñas y población diversa, especialmente las dinámicas de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados no estatales. Según Julieth De Rivero, “la Oficina recibió 42 alegaciones de violencia sexual y basada en género en el marco del conflicto, de las cuales 27 han sido verificadas, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander”.
Cabe resaltar, que estas dinámicas de conflicto vienen acompañadas de “medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras”, explicó Juliette De Rivero. Siendo los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las comunidades campesinas, las poblaciones más afectadas.
Foto cortesía de: ONU Derechos Humanos
Homicidios a defensores y defensoras de Derechos Humanos
Con relación al primer semestre del año pasado la Oficina reportó que hubo una disminución del 19 % en los casos verificados de homicidios a personas defensoras, no obstante “el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable” aseguró De Rivero.
En lo corrido del año “se han verificado 46 casos de homicidio de personas defensoras. 39 hombres y 7 mujeres. 11 indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. 35% de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas eran miembros de Juntas de Acción Comunal” según el informe.
En ese contexto, el informe destaca que el aumento de casos de homicidios de personas defensoras se ha presentado en el departamento del Cauca con un total de 12 homicidios en el primer semestre del año. Como también, se mantienen altos los registros en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Desde el Fondo de Fortalecimiento y Protección y Autoprotección FFP resaltamos la importancia de proteger la vida de las personas que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos Integrales; al igual que nos sumamos al llamado conjunto, para disminuir las situaciones de riesgo que enfrentaban en medio de la degradación del conflicto armado y violencia sociopolítica.
Si bien Colombia ha avanzado en muchas áreas, los desafíos persistentes requieren un enfoque continuo y colaborativo. La sociedad civil, el gobierno, la comunidad internacional y sociedad civil, deben trabajar juntos para abordar las preocupaciones planteadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos para todos los colombianos y las colombianas, en particular a quienes defienden los Derechos Humanos.
Así como lo resalta De Rivero, debemos “respetar la vida, respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos y demostrar genuinamente un compromiso con la paz respetando a la población civil”. En solidaridad con las comunidades y los familiares de todas las personas, incluyendo miembros de la fuerza pública, que han sido y son víctimas de la violencia.
Elaborado por: Danna Robayo
Comunicadora Social para la Paz del Fondo FFP
