Foto: Juancho Torres – Agencia Anadolu

¿Qué ha cambiado para los/as líderes/as sociales en 100 días del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? El Fondo FFP resalta las acciones realizadas por el gobierno nacional en sus primeros 100 días, en cuanto a medidas a favor de brindar garantías para la vida de los y las defensoras de derechos humanos, sin embargo, afirma que los asesinatos y ataques contra los liderazgos y procesos comunitarios persisten.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez recibió cifras alarmantes de ataques y asesinatos a la población y se comprometió a trabajar en contra de la estigmatización y por las garantías para su seguridad. 

Tras cumplirse cien días de gobierno el balance en términos de garantías para la vida de los liderazgos y procesos comunitarios es notorio, por ejemplo en la sanción de la Ley de Paz total que busca dar fin a la violencia que ha marcado la historia del país.

Entidades como el Ministerio del Interior han difundido ampliamente las medidas tomadas de cara a la protección de líderes y lideresas sociales, entre ellas, la instalación de más de 190 Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV) en las regiones del país, que funcionarán como un “mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de orden público en las regiones”. Estos PMUV se instalaron en los 91 municipios con los índices de violencia más altos hacía líderes y lideresas sociales, según afirma esta entidad.

Adicionalmente, se reconoce la priorización que se dio a la presentación del Plan de choque para protección a líderes y lideresas sociales; un gran avance en materia de atención a una situación que viene atravesando el país hace varios años y que se vivió intensamente en el gobierno anterior. 

Desde el Fondo FFP se resaltan las medidas tomadas por el gobierno, pues las organizaciones sociales llevan muchos años en esta exigencia y se considera importante continuar trabajando en la prevención, protección colectiva, atención a situaciones de riesgo, diálogos humanitarios y construcción de paz integral en los territorios. Sin embargo, también alerta sobre la continuación de los asesinatos y ataques:

Sin embargo, pese a los esfuerzos por superar la violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo registra que entre enero y julio del año 2022 fueron asesinados en Colombia 122 líderes y lideresas sociales,  han ocurrido 27 masacres, según cifras de Indepaz y se han presentado ataques a la infraestructura de proyectos comunitarios, como sucedió en el departamento de Arauca.  

“En territorios como Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia la violencia ha continuado y en el caso particular de Arauca se han presentado atentados con explosivos contra sedes de procesos sociales. Ha habido hostigamientos por parte de grupos armados hacia los liderazgos. También se ha recrudecido la zozobra entre las personas defensoras de derechos humanos, por esto consideramos que se deben redoblar esfuerzos para que la violencia cese. Reconocemos lo que se ha hecho desde lo gubernamental, pero debemos seguir vigilantes ante esta situación e instar al gobierno, entidades y organizaciones de DDHH a fortalecer la medidas de protección colectiva y acción conjunta, sobre todo en el marco de los diálogos humanitarios y negociaciones de paz que se inician con la insurgencia del ELN”, afirma la organización.

Desde el Fondo se espera además que el gobierno nacional avance de manera urgente en el desmantelamiento de los grupos paramilitares que continúan  atentando contra la vida de los liderazgos sociales, la de sus familias y sus procesos organizativos y en la superación de la impunidad que hasta el momento ha imperado en relación con los responsables de los innumerables crímenes ocurridos contra las organizaciones sociales.

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