Saravena, Arauca.
21 de noviembre de 2022
Por: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Foto: Verdad Abierta
La estigmatización, señalamientos y amenazas que desde principios de año han arreciado contra el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, sus líderes y lideresas, organizaciones, programas y proyectos, tuvo un nuevo episodio cuando en el día de hoy 21 de noviembre, a nombre de lo que denominan “comando conjunto de oriente Farc-EP”, emiten un comunicado a la opinión pública en el cual acusan a la compañera Sonia López, de ser miembro del ELN y que “lidera una supuesta lucha por los derechos humanos”, tildando a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra como un “aparato legal” y cuestionando sin dar mayores explicaciones, los que según ellos hemos venido diciendo en los medios de comunicación.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, es una organización de base constituida por delegados de los cinco sectores sociales en los que está divido el trabajo popular de la región, que en sus casi treinta años de existencia, ha acompañado a las comunidades víctimas de los graves crímenes de Estado y de Lesa Humanidad en su lucha contra la impunidad y en la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición; además, de hacer promoción y divulgación de los Derechos Humanos y las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. Por la seriedad y responsabilidad en la denuncia y compromiso con las comunidades, hemos ganado el respeto y reconocimiento regional, nacional e internacional. Por ese tipo de señalamientos hemos sido objeto de múltiples agresiones, asesinatos, amenazas y encarcelamientos.
Esta aseveración perversa multiplica el riesgo, no solo sobre la compañera Sonia López sino de todos los miembros de la Fundación y en general del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, ya que no hemos dicho nada distinto a la realidad que denotan los
hechos; actos criminales propios de estructuras paramilitares que no van dirigidos contra un actor armado sino contra el pueblo organizado y los embriones de poder popular que hemos venido construyendo históricamente y que nos ha costado sudor y sangre, y contra líderes y lideresas sociales
cuya única arma es la palabra, la movilización y lucha social, tratando con estas bárbaras acciones, sembrar el mayor terror posible.
Además, usando los mismos informes de inteligencia estatal que han servido para luego de la estigmatización, judicializar el entramado social de la región y el país, como éste que temerariamente se hace ahora. De la misma manera, con todos esos elementos que demuestran claramente la connivencia o dependencia de estructuras del poder establecido, así como, un accionar totalmente alejado de cualquier postura política revolucionaria.
Ejemplo de lo que hemos venido diciendo, son los ataques con explosivos contra el entramado social, el más reciente, ocurrido el día de ayer 20 de noviembre, a eso de las 10 de la noche, cuando fue atacada la sede de la Cooperativa de Transporte del Sarare COOTRANSARARE LTDA, causando
daños materiales. Esta cooperativa es fruto del trabajo popular y de las primeras constituidas para ayudar en la solución del grave problemas de transporte de pasajeros y carga de la región, contribuyendo durante más de 45 años al progreso del Sarare, siempre con honestidad, responsabilidad y cumplimiento.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra exigencia al Estado colombiano de cumplir con su obligación legal de desmantelar estas estructuras criminales paramilitares e investigar los nexos y connivencia con sectores del poder instituido; así como, tomar las medidas urgentes y efectivas para la protección de líderes y lideresas, y garantizar el desarrollo de su labor social.
A la comunidad internacional los llamamos a seguir ejerciendo su ejercicio de monitoreo y seguimiento de la crisis humanitaria y exigir al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia.
¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL
TERRITORIO!
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
