Escrito por: Frontline Defenders
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la falta de protección para las personas defensoras de derechos humanos en la sub-región del Magdalena Medio y la falta de medidas efectivas de investigación de los ataques y amenazas en contra de quienes defienden la autonomía de sus comunidades, el cuidado al medio ambiente y la paz en sus territorios, que resultan en situaciones como los recientes asesinatos de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur.
La sub-región del Magdalena Medio está conformada por un valle y la cuenca del río Magdalena que atraviesa los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y César en la parte central de Colombia. La estratégica localización del río Magdalena así como su diversidad de recursos naturales y minerales han convertido al territorio en un lugar de gran interés económico y de control geo-político a través de los años. Durante más de ocho décadas las actividades extractivas han sido impulsadas en la región por el gobierno nacional sin tomar en cuenta los impactos socio-ambientales. De acuerdo a las comunidades, dichas actividades se han realizado sin las debidas consultas a las comunidades que habitan y defienden sus territorios, donde un gran porcentaje de la población se ha dedicado históricamente a las actividades agropecuarias, la agricultura y la ganadería.
Los procesos extractivos en el Magdalena Medio se han desarrollado en medio de un contexto de problemas estructurales, incluyendo la falta de servicios básicos, y de violencia sistemática por medio de amenazas, asesinatos, masacres y desapariciones forzadas ocasionadas por las dinámicas de combates entre grupos paramilitares, la fuerza pública y otros actores armados que han provocado desplazamientos masivos hacia distintas partes del país.1 La complejidad del contexto y las luchas por el control del territorio hacen que la protección a personas defensoras de derechos humanos y medio-ambiente en la región resulte más urgente y preocupante. La mayoría de las personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo en la región de Magdalena Medio están en contextos de defensa de sus tierras, comunidades, territorios y de la protección del medio ambiente. Las personas y comunidades que se han organizado para exigir su derecho a una consulta libre e informada están enfrentando a graves represalias por tratar de detener los impactos negativos de su explotación en el medio ambiente y en el tejido social de su territorio.
El ejemplo más reciente es la lucha de resistencia de distintos sectores del Magdalena Medio ante el uso de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo conocida como fracking, impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque a pesar de la gran preocupación de las comunidades por impacto medioambiental que esta supone. Desde el 2019, la defensora de derechos humanos Linda Oneida Suárez Sánchez ha experimentado constantes amenazas e intimidación en represalia por exigir sus derechos y tratar de detener los impactos negativos de la explotación de la región.
Linda Oneida Suárez Sánchez es docente, activista y defensora de derechos humanos y el medio ambiente de Santander, es fundadora del movimiento social de resistencia a la minería y el extractivismo en ese departamento y hace parte de la coordinación de la alianza Colombia libre de Fracking a nivel nacional en donde realiza labores de acompañamiento a las comunidades en oposición a los proyectos de fracking.
El 15 de febrero del 2022, Linda Oneida recibió un mensaje de texto donde se le advertía que mejor se quedara callada o terminaría asesinada. Los hechos ya fueron denunciados ante el departamento de policía de Santander pero hasta el momento la defensora no ha sido notificada de algún avance o medida de protección. Las amenazas se dieron en medio a un contexto de reivindicación y participación ciudadana en un proceso de licencia ambiental para un proyecto de fracking en la región donde vive la defensora.
Las amenazas contra Linda Oneida no son un caso aislado. La noche del 27 de febrero de 2022, hombres armados dispararon desde una motocicleta en contra del defensor de derechos humanos y presidente de la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) Carlos Arturo Morales Mallorga. El defensor fue atacado mientras se encontraba en compañía de su esposa e hijo menor en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Afortunadamente el defensor y su pareja se encuentran a salvo después de haber sido hospitalizados tras resultar heridos en el ataque. El 28 de febrero de 2022, Carlos Morales interpuso una denuncia por el ataque en su contra ante la Fiscalía y hasta el momento no hay evidencia de que el incidente esté siendo investigado de manera seria. Carlos Morales y otros integrantes de CAHUCOPANA son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2018 y cuentan con medidas vigentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las personas defensoras de derechos humanos de la región han denunciado las situaciones de riesgo que atraviesan y buscado respuestas formales de las autoridades. Los defensores de derechos humanos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, eran reconocidos defensores de la tierra y de los derechos de las comunidades campesinas en su territorio que habían denunciado públicamente el hostigamiento, persecución y amenazas que sufren las comunidades campesinas del municipio de San Martín por parte del Alcalde Municipal y la Policía. Ambos defensores habían reportado las amenazas de las que eran sujetos a las autoridades antes de ser asesinados con arma de fuego el 22 de febrero de 2022 por individuos no identificados y frente a sus familiares Puerto Oculto, municipio de San Martín, departamento del Cesar.
Front Line Defenders ha señalado en el pasado con profunda preocupación la gravedad del contexto en el cual desempeñan sus labores las personas defensoras de derechos humanos así como el aumento de riesgos en distintas regiones de Colombia, en particular contra quienes promueven los derechos de los pueblos indígenas, medioambientales y la aplicación integral del acuerdo de paz. Front Line Defenders reitera que la sistematicidad de los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país tiene un impacto negativo a nivel nacional que afecta profundamente el tejido social, la democracia y las libertades de las comunidades en Colombia. Tan sólo en el 2021, el Memorial de Personas Defensoras de Derechos Humanos (HRD Memorial) verificó con información de organizaciones contrapartes en el país al menos 138 asesinatos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos por su labor de defensa, siendo Colombia una vez más el país más letal del mundo para ejercer dicha labor.
Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades colombianas para que detengan y condenen los ataques contra las personas que ejercen la legítima labor de defensa de derechos humanos y contra de quienes defienden el derecho a la consulta y el territorio. Además, recuerda que el mecanismo nacional de protección (Unidad Nacional de Protección), que es protagonico en la región, tiene la responsabilidad de llevar a cabo los máximos esfuerzos para responder a la gravedad de la situación que atraviesa el país, coordinando su trabajo con otros órganos públicos responsables por tratar los distintos temas involucrados a los conflictos en el país.
Por ultimo, reforzamos la importancia de la investigación de todos los ataques y amenazas denunciados por las personas defensoras de derechos humanos, así como la celeridad en la investigación de los asesinatos de personas defensoras para romper con el ciclo de impunidad y violencia que asola el país.
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comunicado_magdalena_medio_esp
