Foto cortesía de Justapaz
El pasado 18 de agosto se realizó la Asamblea Popular de Campesinos y Pescadores del sur de Bolívar, con el objetivo de anunciar el proceso de deslinde del 31% de los playones comunales de la ciénaga El Garzal. Una comunidad que desde hace más de 40 años, ha luchado por el derecho de la tierra para la producción agrícola, pecuaria y la sostenibilidad alimentaria.
El corregimiento El Garzal, ubicado en el municipio de Simití, al sur del departamento de Bolívar, está conformado por dos veredas: el Garzal y Nueva Esperanza que de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras – ANT, conforman un terreno de aproximadamente 19.000 has. El resto de la tierra de El Garzal, asciende a unas 15.000 hectáreas, está integrada por sabanas, playones y cuerpos de agua de 7 ciénagas y humedales.
40 años de lucha por el territorio
Desde la década de los 80, familias provenientes de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Santander llegaron hasta El Garzal para asentarse principalmente en cerca de 4.000 has de baldíos los cuales, han dedicado principalmente a la producción agrícola y pecuaria y la sostenibilidad y seguridad alimentaria familiar con cultivos de maíz, cacao, plátano, arroz, yuca, aguacate, mango, entre otros.
A lo largo de su historia la comunidad campesina de El Garzal, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, debido a las dificultades para la satisfacción de sus necesidades básicas y la imposibilidad de acceder a proyectos productivos que garanticen la producción agrícola y seguridad alimentaria para satisfacer el mínimo vital de sus comunidades.
Además, esta población ha sido afectada por las dinámicas del conflicto armado y el narcotráfico en la región. Principalmente grupos paramilitares, han querido forzar la venta de los predios de los campesinos y campesinas, han cometido desplazamientos forzados, asesinatos selectivos a líderes de la comunidad, extorsiones, entre otros hechos delictivos, todo, con la finalidad de despojarles la tierra que durante varios años han conservado y trabajado.
Estos hechos se atribuyen de manera particular a Manuel Enrique Barreto Díaz, ex narcotraficante de la región vinculado con las actividades ilícitas del Bloque Central Bolívar de las Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, mejor conocidas como las ACCU, quién tenía interés en obtener pleno control y dominio sobre las tierras del corregimiento de El Garzal. Incluso desde 2004, Manuel Enrique Barreto y sus sucesores, no solo han incurrido en vías de hecho, sino que también han interpuesto diversas acciones judiciales y trámites administrativos con la finalidad de despojar la tierra e impedir la adjudicación definitiva de los predios a favor de la comunidad de El Garzal.
Es así que después de más de 10 años de pleito judicial, con los herederos y socios de Barreto, en el 2004 iniciaron 8 procesos reivindicatorios contra las campesinas y los campesinos de El Garzal, alegando a través de 19 escrituras públicas, la presunta propiedad sobre 19.000 has de tierra. No obstante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, decretó en 2014, la nulidad de todos los procesos acumulados y rechazó las demandas al considerar que los predios reclamados son baldíos de la Nación.
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Foto cortesía de Justapaz
Durante el primer semestre del 2022, en mayo, se inició la primer parte de la Inspección ocular para el proceso de deslinde, diligencia en la que funcionarios de la agencia se adentraron al territorio para delimitar lo que corresponde a la ciénaga, y cuál es el terreno adjudicable. Esta diligencia no se pudo concluir debido al paro armado del Clan del Golfo.
De esta forma y después de tantos años de lucha de la comunidad de El Garzal, la Agencia Nacional de Tierras definió el pasado 29 de junio de 2023 la Resolución No 20233200883716 “Por medio del cual se resuelve parcialmente el procedimiento agrario de deslinde o delimitación de las tierras de propiedad de la Nación, respecto del treinta y uno por ciento (31%) del polígono de los terrenos que conforman el denominado COMPLEJO CENAGOSO EL GARZAL, ubicado en jurisdicción del municipio Simití, departamento de Bolívar (…)”; y del ejercicio de conformación y acción de la Junta de Baldíos Adjudicables y de los lineamientos del reglamento de uso y manejo de los terrenos comunales del polígono deslindando de El Garzal.
Luego de 10 años de proceso, la Agencia Nacional de Tierras declaró como bien de uso público el 31% de este complejo cenagoso en Simití, Bolívar, que corresponden a unas 5.043 hectáreas, las cuales quedarán en manos de 465 campesinos y campesinas que ahora podrán usar la zona norte de la ciénaga para pescar y cultivar alimentos.
Este proceso marca un momento trascendental para la zona, ya que permitirá el ordenamiento del territorio alrededor del agua y garantizar el acceso y correcto aprovechamiento de los/as campesinos/as sobre estos terrenos. Así como quedó definido en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, según el Ministerio de Agricultura.
Liderazgos sociales como motor de resistencia de la comunidad campesina
Ante este panorama de vulnerabilidad y violencia, las amenazas a sus líderes han sido constantes, ya que en 1985 Manuel Enrique Barreto, ordena asesinar al líder social Pablo Acuña, cuyo trabajo fue reivindicado, al bautizar un barrio de Barrancabermeja en su honor. Sin embargo, la violencia no cesó y en 1987 Barreto manda a asesinar a otros 3 campesinos del corregimiento que se encontraban pescando. Desde entonces, la comunidad de El Garzal ha estado luchando contra amenazas de violencia física y amenazas de desalojo de su tierra.
Es por eso, que la comunidad campesina de El Garzal, ha contado con el apoyo y liderazgo de Salvador Alcántara, quien junto a su esposa Nidia han sido los pastores de la iglesia Cuadrangular en la comunidad de El Garzal durante los últimos 25 años. El pastor Salvador también es un líder clave de la asociación regional de agricultores ASPROAS que brinda apoyo agrícola, comercial y técnico a las y los agricultores.
Por su labor social, Alcántara ha recibido constantes amenazas, ya que en 2004 Manuel Enrique Barreto, quien había abandonado la zona una década antes, regresó amenazando a las familias de El Garzal con el desplazamiento forzado.
Ante esta situación en enero de 2004, la comunidad realizó una asamblea comunal para afrontar la situación. No obstante, Barreto al conocer este encuentro que realizaron los campesinos y las campesinas y estigmatizar a la comunidad de guerrilleros, decide reunirse con todos los comandantes paramilitares y dar la orden de “desaparecer al pastor”.
Alcántara relata que tuvo que realizar un proceso de mediación para evitar que la comunidad fuera despojada de sus tierras, a pesar de su intervención, Barreto aseguró que tenía “500 fusiles para recuperar esta tierra a sangre y fuego”. Amenaza que por fortuna, no llegó a cumplirse y tanto el pastor como la comunidad, pudieron continuar con el proceso de litigio del territorio.
Según la Comisión de la Verdad los líderes y las lideresas sociales son grandes articuladores de proyectos y esperanzas colectivas, además de ser actores claves para la democracia. Sus muertes tienen innumerables consecuencias para el país. Debido a que las comunidades de donde salen la mayoría de líderes tienen rezagos muy grandes en sus derechos, los líderes son las personas que están exigiendo esos derechos de vivienda, educación, salud, etcétera. Los asesinatos de líderes dejan una herida en la identidad colectiva, la memoria y la capacidad de seguir trabajando por sus derechos.
Hoy el pastor Salvador Alcántara agradece a las organizaciones que han acompañado a la comunidad, entre ellas Justapaz, para continuar la resistencia pacífica por sus derechos, hasta obtener justicia. Desde la espiritualidad como su principal motor para seguir adelante en el camino de reivindicación de sus derechos.
Desde el Fondo de Fortalecimiento, Protección y Autoprotección FFP, manifestamos el apoyo a esta decisión del actual gobierno para promover la dignidad de la comunidad campesina, mediante el acceso a la tierra y la producción agrícola y pecuaria.
Entendemos el territorio, como un eje fundamental para la materialización de la protección integral y la salvaguarda de la vida de quienes lo habitan. Como también, garantizar la protección de los liderazgos sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Finalmente, nos unimos al llamado de Alcántara “hemos visto las muertes a los líderes sociales, no queremos que se repita el pasado y esperamos que mediante la veeduría internacional se pueda vivir un cambio”. 1
Notas
Foto cortesía de Justapaz
Elaborado por: Danna Robayo
Comunicadora Social para la Paz del Fondo FFP
