El pasado 28 de abril la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos, esta audiencia se convocó a partir de las nueve acciones de tutela presentadas por 18 defensores y defensoras, líderes y lideresas sociales y ambientales de derechos humanos que pidieron se reconozca una violación masiva de sus derechos fundamentales por la falta de garantías para ejercer su labor y además se declare el estado de cosas inconstitucional.
Se abordaron cuatro ejes temáticos, primero el de Pruebas recaudadas, se dio a conocer la situación actual respecto a la protección de los derechos a la vida y a la integridad de los líderes y lideresas sociales, se señaló la importancia de reconocer que la violencia en contra de la población líder es gravísima por su intensidad e impacto tanto a su derecho a la vida como el del derecho a defender derechos y de las comunidades.
Esta situación se ha agravado en el gobierno de Duque como expone el CONPES 4063 de diciembre 2021 el cual evidencia que de 2016 a 2019 se incrementó el número de homicidios de 61 a 108, mientras que otras vulneraciones como la desaparición forzada, agresiones sexuales, las amenazas, tentativas de homicidios, secuestro se incrementaron en un 1100%. De otro lado, el gobierno se ha resistido a aplicar los instrumentos de los acuerdos de Paz, en especial el punto 3.4, establecido para prevenir y sancionar estas violencias, además del incumplimiento del Acto legislativo 2 de 2017 que llama a cumplir de buena fé el acuerdo, por ello se solicita se declare el estado de cosas inconstitucionales.
En la audiencia participaron dos líderes y una lideresa social quienes señalan el contexto actual que se vive en los territorios donde se presentan constantes amenazas por medio de panfletos intimidatorios por el ejercicio de la defensa de los derechos de las comunidades en el marco de proyectos de explotación de recursos naturales, destacando el incremento de la militarización y los señalamientos por pertenecer a los grupos armados ilegales.
La protección a nivel individual y colectiva, sigue siendo insipiente ya que no se aplica enfoque diferencial presentándose problemas de racismo que pueden convertirse en problemas de seguridad; se ha presentado el desmonte de los esquemas, por parte de la Unidad Nacional de Protección – UNP, no se han tramitado los traslados de emergencias, por ello se realizaron los desplazamientos sin esquema.
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registró niveles muy altos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. De 2012 al 2021, ONU-Derechos Humanos ha verificado los homicidios de 867 personas defensoras vinculados a su labor de defensa de derechos humanos. A diferencia de otras formas de violencia, la muerte de personas defensoras no disminuyó tras la firma de los Acuerdos de Paz. Su aumento ha sido progresivo al pasar de los 61 casos de homicidio verificados en 2016, a los 84 verificados en 2017 y los 115 homicidios verificados en 2018. Posteriormente, el número de homicidios verificados se ha mantenido alrededor de los 100 casos.
Reiteró la urgencia que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, responsables en muchos casos de la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
A pesar de que se han convocado algunas reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ésta no ha adoptado una política de desmantelamiento como está previsto en el acuerdo con participación del Gobierno y la sociedad civil representada en la Comisión. La falta de una política de desmantelamiento de estas redes incide negativamente en el contexto de violencia. En términos de protección se considera que éste proceso liderado por la Corte de Constitucional es una oportunidad única para revisar a fondo el sistema de protección individual y colectiva de la UNP.
La Defensoría del Pueblo ha coincidido en señalar la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos; el director de la UNP presentó un informe sobre las medidas que se han adoptado desde la unidad. Tanto los accionantes como la ONU resaltaron el incremento de las vulneraciones a partir de la firma del Acuerdo Final para la Paz.
En el Segundo eje sobre las Medidas adoptadas, se hizo indispensable precisar el alcance de la “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social” en materia de protección de la población líder y defensora de derechos humanos, se señala que la política pública omitió incluir las herramientas que el Acuerdo Final para la Paz dispone para efectos de proteger a los líderes y lideresas sociales.
En el tercer eje se evalúa la efectividad de las rutas de protección señalando principalmente las dificultades para la aplicación de las mismas, En primer lugar, intervino el representante del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas -CERREM- quien destacando la necesidad de activar las Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales como espacios de comunicación efectiva con las comunidades. Con base en las intervenciones del director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y del secretario de Gobierno y Participación de la Gobernación del Cauca, se planteó que las dificultades para atender oportunamente las situaciones de riesgo, surgen de: la multiplicidad de competencias y responsabilidades locales, la falta de asignación presupuestal, las limitaciones de acceso al territorio y la pluralidad de instancias para la articulación institucional y la participación ciudadana.
En el cuarto eje se buscó identificar las acciones de cumplimiento de los acuerdos de paz, las intervenciones estuvieron dirigidas a ilustrar la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos, según lo establecido en el Acuerdo Final para la Paz. Para el investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia y la falta de acciones para frenar esa violencia es preocupante, si se tiene en cuenta que es el país de América Latina con el mayor índice de estos casos. Recalcó que el Acuerdo de Paz previó la creación de la Comisión Nacional de Garantías. De acuerdo con decreto 154 de 2017 la comisión debe reunirse al menos una vez al mes y en 2019 se reunió dos veces, en 2020 tres, en 2021 dos y este año solo una vez. En su concepto, el actual gobierno ha debilitado el papel de dicha comisión.
Las características que ponen riesgo el ejercicio de los liderazgos sociales se evidencian en las amenazas y los atentados que no disminuyen; los esquemas de protección que no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial, o no son suficientes para proteger sus vidas, la protección que les asignan impacta negativamente las colectividades que representan, no hay políticas contra la estigmatización de la cual son víctimas, y por último, la Fiscalía no investiga de manera celera, eficaz y adecuada las amenazas en su contra.
Por todo lo anterior se hace necesario y se reitera la importancia que el estado cumpla con el punto 3.4 del Acuerdo Final para la Paz en tanto contiene y formula los instrumentos para implementar las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres; así como la declaración de estado de cosas inconstitucional entendiendo la ineficacia del gobierno para proteger los derechos de la población líder, y las medidas para mejorar la seguridad, especialmente en los territorios
Puede ver la audiencia en el siguiente enlace: https://youtu.be/onnfGsVcXUw
