El gobierno de Duque se rajó en materia de Derechos Humanos durante estos cuatro años (2018-2022) que se evidencia en la falta de garantías para el desarrollo del trabajo de los y las defensoras en los territorios. De acuerdo a las cifras entregadas, Colombia vive una crisis humanitaria en lo concerniente a la seguridad y asesinato de líderes y lideresas sociales se pasó de 116 víctimas en el año 2016 a 171 en el 2021 (Indepaz, 2016 y 2022) y en lo corrido del año, la situación se agravó con 81 nuevos líderes y lideresas asesinados, incluso, según Indepaz se alcanza la aterradora cifra de 310 asesinados sólo durante el año 2020.
Desde el Fondo para ayudas de emergencia y Fortalecimiento organizacional en Protección y autoprotección-FFP, consideramos que el incremento de las violaciones de derechos humanos a los liderazgos sociales genera una afectación colectiva a los procesos comunitarios de las diferentes regiones del país debilitando su capacidad de desarrollo y de vida digna, lo cual impide a su vez, un avance en cuanto a la implementación del acuerdo de Paz que se ha visto obstaculizado por la falta de cumplimiento del gobierno nacional.
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza) que agrupan más de 500 organizaciones sociales de todo el país, presentó el informe del balance del gobierno de Duque el pasado 14 de junio de 2022, desde seis ejes claves: Crisis socioeconómica y humanitaria; impacto del actual gobierno en la democracia; implementación del Acuerdo de Paz; seguridad de líderes y lideresas sociales; las relaciones internacionales y; las prioridades de la agenda de derechos humanos en el país.
Como parte de las conclusiones se destaca que el exterminio del liderazgo social ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune, donde se expresa la forma de actuar del gobierno de Duque en contra del proceso de paz y de la labor de defensa de los derechos humanos en los territorios, lo que ha llevado a fortalecer el proceder de los aparatos armados ilegales a los cuales el gobierno no sólo se ha negado a combatir, ni a buscar su desmantelamiento sino que por el contrario ha favorecido su expansión y el aumento del control mediante el terror de amplias zonas del país.
Bajo esta perspectiva se evidencia el control del territorio por parte de actores ilegales que conlleva al aumento de los abusos de la fuerza pública, el deterioro de las condiciones de seguridad para el desarrollo de la labor de los y las defensoras de derechos humanos en las regiones, y el incremento de las masacres, desplazamientos masivos y confinamiento obligatorio. El panorama nacional e internacional es desalentador dejando ver la ineficacia del gobierno de Iván Duque y su gabinete para garantizar y proteger de manera efectiva el ejercicio de los derechos humanos para la población colombiana descartándolos como una prioridad para el país y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Este informe permite visibilizar de forma organizada el retroceso generado durante este período gubernamental y plantear algunos retos y desafíos para el gobierno entrante, tales como:
- Medidas humanitarias inmediatas para afrontar la crisis que se vive en varios territorios del País.
- Contar con un Plan de Desarrollo que tenga como enfoque trasversal e integral los Derechos Humanos.
- Asumir políticas de redistribución del Presupuesto Nacional para afectar aquellos sectores desprotegidos como salud, educación y vivienda, promoviendo una renta básica digna para los más necesitados y enfoques interseccionales y etarios.
- Adoptar el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Viena en 1993 y diseñar la política de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia, en conformidad con las normas ya existentes, como camino hacia la reconciliación.
- Promover mecanismos estatales para frenar la histórica impunidad relacionada con las violaciones de Derechos Humanos e impulsar una reforma legislativa de las fuerzas públicas y un marco de leyes sobre la protesta, la seguridad humana y las políticas de la memoria.
A pesar de los señalamientos realizados por el consejero presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales Jefferson Mena, donde se niega la veracidad de las cifras presentadas en el informe -cuyos datos provienen en algunos casos de cifras oficiales-, no se puede negar la realidad que se vive en las comunidades y territorios de nuestro país donde el confinamiento, desplazamiento, amenazas y homicidios, se incrementaron durante este período, tal como se reafirma en el informe presentando por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, se conoció de 89 casos de posibles homicidios de defensores y defensoras de Derechos humanos, de los cuales se han verificado 21 casos, 51 casos se encuentran en proceso de verificación y 17 casos aún no son concluyentes. Con ello sólo se ratifica la posición gubernamental de negacionismo que ha sido una constante durante estos cuatro años, en vez de asumir su responsabilidad y así poder tomar medidas para detener la ocurrencia de éstas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Encuentra el informe completo en: Hambre y Guerra: el legado del Aprendiz
A continuación resumen ejecutivo:
Resumen-Ejecutivo Lecciones del Aprendiz
